«A pesar de los años transcurridos desde la aprobación de la normativa legal citada, promulgada en 2011, el Gobierno, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no ha establecido modelos o referencias de reporte específicos para la RSE conectada con las personas con discapacidad, lo que retrae las iniciativas en este ámbito», afirma el comité en una nota.
A juicio del Cermi, «esta omisión de los mandatos de la Ley Economía Sostenible es una pérdida objetiva de oportunidades pues bastaría con otorgar ese carácter a experiencias ya existentes en la sociedad civil como el sello Bequal, que acredita la dimensión inclusiva de las empresas con las personas con discapacidad».
En opinión de esta entidad, la autoevaluación por parte de las empresas se vería facilitada enormemente si contaran con modelos de reporte respaldados por la Administración, «ya que otorgarían reconocimiento oficial a muchas de las estrategias de RSE que vienen realizándose y que no tienen el aval adecuado para seguir acrecentándose y expandiéndose».
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