Catalá señala la seguridad jurídica y el respeto al Estado de derecho como motores del crecimiento económico y la creación de empleo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió durante su intervención en el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Euskadi, celebrado en Bilbao, de la fuerza de la ley para proporcionar certidumbre al crecimiento económico y ha alertado de que las derivas soberanistas como la experimentada en Cataluña solo generan división y empobrecimiento social.

Catalá, que considera imprescindible reforzar el ordenamiento jurídico para obtener ventajas competitivas y adquirir estabilidad, ha recordado que los mensajes irresponsables de quienes han decidido colocarse al margen de la ley en Cataluña están generando allí una incertidumbre y una inestabilidad que se han traducido en serios riesgos para su ciudadanía. Así, se ha referido a los últimos datos de desempleo conocidos la pasada semana, según los cuales Cataluña lideró en octubre la subida del paro registrado en toda España, la fuga masiva de las empresas del territorio catalán y la caída en torno al 30% en la ocupación hotelera en las últimas semanas.

Ante esta situación, el titular de Justicia ha explicado que la única solución posible se basa en la vuelta a la ley y al Estado de derecho, restaurando la legalidad estatutaria y constitucional. Es, precisamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la autorización expresa del Senado y el apoyo de las principales fuerzas políticas constitucionalistas, lo que contribuye al refuerzo de los derechos y libertades de todos los catalanes y permite el retorno a la senda del bienestar social y el crecimiento económico.

Catalá ha destacado el funcionamiento con total libertad, independencia y autonomía de jueces y fiscales en su labor de velar por el cumplimiento de las leyes y las reglas del Estado de derecho, así como el apoyo unánime de la Unión Europea y la comunidad internacional.

Durante su intervención, el ministro ha resaltado la necesidad de actuar de forma decidida en la pendiente reforma estructural de la Justicia española, partiendo de la base del acuerdo parlamentario encarnado en la Estrategia Nacional de Justicia, cuyos trabajos en el Congreso de los Diputados han comenzado este mismo año. Para conseguir ese objetivo, ha resaltado la importante participación activa y enriquecedora de todos los colectivos y profesionales del mundo jurídico.

Además, Catalá ha destacado la necesidad de dotar a los profesionales de mejores medios. En ese sentido, ha recordado que el presupuesto de su departamento se ha incrementado este ejercicio en un 7,7%.

Entre las líneas de trabajo en las que ha incidido, están las reformas en el proceso penal, encaminadas a buscar mayor eficiencia en la persecución del delito con el encargo de la investigación al Ministerio Fiscal y en el proceso civil, para agilizar los trámites y conseguir un servicio más rápido. Asimismo, completar el desafío de una transformación digital completa de la Justicia, para lo que se debe seguir el camino trazado con la proliferación de comunicaciones electrónicas que ya han alcanzado los 150 millones y trabajar por la implantación de un sistema de gestión procesal común en todas las comunidades autónomas. Además, el ministro apuesta por aplicarse para que la Justicia se perciba como el servicio independiente y profesional que en realidad es, situarlo en sintonía de la realidad social, cuidando y protegiendo a los sectores más vulnerables y contribuyendo a la plena seguridad jurídica como palanca del crecimiento económico y el progreso social.