Los impagos ponen en riesgo al 13% de las empresas

El 74% de las empresas padece las consecuencias negativas de la morosidad, el 31% de las empresas sufre impagos significativos y el 13% está en riesgo de cerrar a causa de los impagos. Estas son algunas de las conclusiones del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España elaborado por el Observatorio de Cash Management que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School. La falta de una cultura clara de credit management afecta todavía al 30% del tejido empresarial. El empeoramiento de los plazos de pago en el B2B y del comportamiento en pagos de la Administración competan las alertas de la edición 2016 del Estudio.

La mejora que había experimentado la morosidad en la actividad económica se ha estancado claramente en el último ejercicio, lejos aún de los niveles previos a la crisis. Una de cada tres empresas españolas sufre impagos significativos lo que complica claramente el entorno de desarrollo empresarial. El máximo histórico en este estudio se alcanzó en 2012, cuando dos de cada tres empresas sufría impagos relevantes para su actividad.

Uno de los datos más relevantes del estudio se refiere a las consecuencias de la morosidad, que afecta a la actividad empresarial de tres de cada cuatro empresas. El más grave se refiere al 13% del tejido empresarial, que está en riesgo de cierre debido al efecto de los incumplimientos de pago.

El comportamiento en pagos de la Administración con las empresas registra un empeoramiento por primera vez desde que se realiza el estudio. El 13% de las empresas que trabajan para el sector público (frente al 9% de 2015) soporta tasas de impago que suponen un riesgo extremo para su supervivencia. En el B2B, el 10% de las empresas soporta tasas de impago superiores al 4%.

El Estudio, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, registra por primera vez desde 2012 un empeoramiento en el comportamiento de los plazos de pago. Sólo el 43% de las empresas trabaja con plazos inferiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. El porcentaje de empresas que trabaja por encima de los 90 días se ha reducido al 13%.