España ha sido elegida, por la Comisión Europea, como coordinadora de la Acción Conjunta Europea sobre prevención de fragilidad de las personas mayores («Joint Action on Frailty Prevention») contando con el acuerdo unánime de los Estados Miembros participantes en la reunión.
Esta designación ha sido fruto del intenso trabajo impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a nivel nacional e internacional en el campo del abordaje de la fragilidad. Nuestro país es ejemplo de trabajo conjunto y liderazgo institucional para desarrollar un consenso nacional sobre la detección precoz de fragilidad y la prevención de caídas.
El «Documento de consenso sobre fragilidad y prevención de caídas en la persona mayor» se desarrolló entre las autoridades nacionales y regionales de salud, junto con las sociedades científicas, como parte del plan de implementación de la «Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud».
Este consenso fue aprobado por unanimidad por el Consejo Interterritorial del SNS en junio de 2014 y actualmente se encuentra en fase de implantación en las diferentes Comunidades Autónomas. Se establece así un marco estratégico de referencia y ejemplo de buena práctica transferible a nivel europeo.
La fragilidad es actualmente un importante reto de salud pública, tanto en España como en los países de nuestro entorno, relacionado con el acelerado envejecimiento de la población. El verdadero reto es mantener la autonomía a medida que se envejece y el abordaje de la fragilidad se sitúa como una de los elementos fundamentales para afrontarlo, ya que supone un estado previo a la discapacidad que se puede prevenir, e incluso revertir si se detecta a tiempo. Se estima que entre un 7 y un 12% de los mayores de 65 años están en una situación de fragilidad que les hace más vulnerables a sufrir accidentes. Una situación que es más frecuente en las mujeres y aumenta con la edad.
Un 30% de los mayores de 65 años y un 50% de los mayores de 80 sufren caídas al menos una vez al año, lo que supone una importante causa de discapacidad, pues más del 70% de los casos tiene consecuencias clínicas, como fracturas de cadera. El objetivo del documento de consenso aprobado en 2014 es detectar e intervenir sobre estos accidentes con un protocolo que incluya un cribado de deterioro funcional común para toda España.
La Acción Conjunta Europea sobre fragilidad tiene como objetivo construir un marco estratégico para el abordaje preventivo de la fragilidad a nivel europeo. Estas Acciones son instrumentos de cooperación que generan un valor añadido a nivel europeo. Su objetivo es favorecer la colaboración entre los Estados para ayudar a resolver problemas de salud pública con una verdadera dimensión europea.
La Acción Conjunta sobre Prevención de fragilidad se enmarca dentro del Tercer Programa Europeo de Acción en Salud 2014-2020. Es una iniciativa dotada con un presupuesto de la Unión Europea de 3,5 millones de euros, que se desarrollará entre los años 2016 y 2017. En ella participan, además de España, 25 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Irlanda, Lituania, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rumanía y Suecia. En concreto, el Servicio Madrileño de Salud-Hospital de Getafe, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, será quién ejerza la coordinación de la participación española en esta iniciativa.
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