El Gobierno de Aragón y la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Trabajo, está ultimando la nueva Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de impulsar la lucha contra la siniestralidad laboral y reforzar la calidad de los sistemas de prevención de riesgos laborales.

Según informa el Gobierno aragonés, la nueva Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento que también contribuirá a reforzar la sensibilización y divulgación de la cultura de la prevención, potenciar estudios e investigación e impulsar el desarrollo y gestión efectiva de la salud laboral. Su vigencia se extenderá hasta el año 2020.

El Gobierno de Aragón es consciente del papel que desempeñan, fundamentalmente, las organizaciones empresariales y sindicales en el desarrollo, ejecución e implantación en los centros de trabajo de cada uno de los objetivos de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este proceso, que se enmarca en el consenso establecido en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (CASSL), cuenta con la colaboración y aportaciones de todos los agentes sociales y económicos de la comunidad autónoma.

Según el artículo 43.2 de la Constitución Española, corresponde a los poderes públicos la competencia de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios. Por tanto, todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo constituyen un objetivo político de primer orden. En esta línea, sin embargo, la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

En este ámbito de colaboración y lucha contra la siniestralidad laboral, el Gobierno de Aragón ha tramitado convenios, subvenciones concedidas en régimen de concesión directa dado el interés público que las sustenta, con los agentes sociales, así como con la Fundación Laboral de la Construcción. Convenios que se concretan en la ejecución de acciones específicas con el fin de alcanzar dichos objetivos.