La Administración General del Estado (ministerios, centros penitenciarios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, entre otros) contaba con un total de 188.506 efectivos a enero de 2017, 2.352 menos que en el semestre anterior, según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal de las Administraciones Públicas publicados por el Ministerio de Hacienda.
Los últimos datos también arrojan un descenso en las plantillas del personal al servicio de los ayuntamientos y diputaciones (-4.715) así como en las universidades (-2.261).
En lo que se refiere a la Administración del Estado, el último dato encadena 7 años consecutivos de descenso de personal, período en el que se han perdido 34.943 empleos, o lo que es lo mismo, se destruyeron 14 empleos al día desde 2010.
Además, el registro de personal vuelve a evidenciar el envejecimiento de las plantillas, de tal manera que ya solo queda un millar de jóvenes menores de 30 años, frente a 27.665 que se encuentran ya a las puertas de la jubilación.
Así, respecto al último semestre de 2016, se vuelven a producir descensos en las plantillas de los ministerios (-986); docencia no universitaria (-255), centros penitenciarios (-81), Seguridad Social (-160), Patrimonio Nacional (-9) y en la Agencia Tributaria (-861).
Situación por departamentos
La situación por el déficit de personal ya está teniendo sus consecuencias en diferentes ámbitos:
- Seguridad Social. Cierre de oficinas por falta de personal. La Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días desde 2012 (un total de 333), bien porque se han jubilado, bien porque se han trasladado a otro destino por el deterioro de las condiciones laborales.
- Privatización de la gestión de datos sensibles como son las vidas laborales o la tarjeta sanitaria europea.
- SEPE. Incremento de la carga de trabajo (1.700 expedientes/gestiones/consultas al año por persona, 300 por encima de la marca idónea que establece la propia Administración para realizar una correcta atención al ciudadano). Estamos en una media de 10 minutos de atención al ciudadano por cada expediente tramitado. Además, se afrontan situaciones de inseguridad en el puesto de trabajo. En los próximos 5 años, previsiblemente se jubilará el 40 por ciento de la plantilla.
- Oficinas de renovación del DNI. En las grandes ciudades hay una demora de hasta dos meses para pedir cita.
- Ministerio de Defensa. Privatizaciones. El mantenimiento de vehículos blindados está en manos privadas. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, recientemente trasladado a Colmenar Viejo, aún no se ha podido poner en marcha por falta de personal.
- Dirección General de Tráfico. Se están mermando las plantillas a un ritmo alarmante. En estos momentos hay 924 vacantes sin cubrir, lo que se traduce en menos funcionarios en ventanilla, esperas, colas, malestar y quejas de los ciudadanos. Además, se ha mermado la plantilla de examinadores de tal manera que hay provincias donde solo hay un examen práctico al mes.
- CSIC. Reducción de las plantillas de investigadores. Abuso de la contratación de personal interino.
- Agencia Estatal de Meteorología. Las oficinas meteorológicas de aeropuertos y de defensa se han visto afectadas igualmente por el déficit de personal. El nivel de jubilación está entre 80 y 100 personas al año y el déficit de personal se suple con incremento de horas de trabajo y personal interino de menor cualificación. Hay oficinas meteorológicas que solo están atendidas por interinos y una misma persona funcionaria se tiene que hacer cargo de la jefatura de varios centros.
- Instituto Nacional de Estadística. Desde 2012 no hay oferta de empleo público, lo que ha provocado el consecuente envejecimiento de plantillas. Hay provincias como Cuenca, Lérida, Guadalajara o Ávila que están bajo mínimos. La Administración contrata personal fijo discontinuo fuera de los periodos de campaña para puestos estructurales, como refuerzo, que en nuestra opinión supone un fraude de ley.
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