La UC3M coordina un proyecto para la creación de un espacio común europeo de intercambio electrónico de documentos

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) lideran la puesta a punto de seis nuevos nodos de acceso y conexión entre entidades públicas y privadas mediante la implementación de la tecnología DSI (Infraestructura de Servicios Digitales). Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del proyecto de investigación europeo MADE, aspira a contribuir a la creación de un único espacio comunitario apto para la era digital.

El objetivo de este proyecto, coordinado por el profesor Jesús Carretero, del grupo de investigación ARCOS de la UC3M,  y en el que participan también investigadores de Dinamarca, Holanda, Islandia y Noruega, estriba en lograr que los servicios de entrega y mensajería electrónica respondan a los nuevos estándares de seguridad definidos por la Unión Europea en el Reglamento eIDAS (Reglamento EU 910/2014 sobre servicios electrónicos de identificación y servicios de confianza), de obligado cumplimiento para el conjunto de estados miembros a finales de 2018.

Mediante la adopción de eDelivery, un sistema que proporciona una amplia variedad de servicios de software vinculados al ámbito de las TIC, “se ayuda a las administraciones públicas a intercambiar datos y documentos electrónicos con otras administraciones (A2A), empresas (A2B y B2A) y ciudadanos (A2C y C2A), de manera interoperable, segura, fiable y de confianza”, explica Jesús Carretero, catedrático del departamento de Informática de la UC3M y responsable del grupo ARCOS.

Un sistema de documentación y facturación electrónica interoperables

Dos son las aplicaciones más destacadas de este proyecto. Por un lado, permitiría contar con un sistema común de entrega segura de documentación electrónica, lo que facilitaría, por ejemplo,  la implementación del portal para e-justicia donde las distintas administraciones europeas de Justicia podrían intercambiar documentos judiciales de forma segura. Por otra parte, se lograría la interoperabilidad de la facturación electrónica, permitiendo el intercambio de facturas entre empresas de los diferentes países europeos con la colaboración de las agencias tributarias y los organismos fiscales.

El proyecto encara dos retos principales. Por un lado, las dificultades de la ejecución técnica y, por otra parte, las posibles complicaciones organizativas derivadas de los procesos de consenso y acción conjunta de los distintos organismos e instituciones implicados. “Una tarea que no resulta sencilla”, asegura Carretero.