El ministro de Justicia, Rafael Catalá, propuso durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados un plan de acción integral que conduzca a reformas estructurales que permitan agilidad y rapidez en nuestro sistema de Administración de Justicia, basado en una serie de estrategias de carácter procesal, dotacional, organizativo y tecnológico.
En el orden procesal, el ministro ha manifestado su convicción de que son necesarios nuevos procesos que superen modelos agotados y nos lleven a la realidad del siglo XXI. Así, ha citado como antigua reivindicación de las asociaciones profesionales apoyada por la mayoría de fuerzas políticas, la necesidad de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación, contando con un juez de garantías que tutele el respeto a los derechos fundamentales.
Catalá ha manifestado que esta fórmula acabaría con los juicios que se prolongan durante muchos años, dejando atrás el sistema inquisitivo para implantar un modelo acusatorio con protagonismo del juicio oral y mejoraría las garantías de defensa. Igualmente, se simplificarían trámites y recursos, caminando hacia un único procedimiento ordinario, se mejorarían las tareas de coordinación policial y se podría abordar la investigación y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en supuestos especialmente graves, preservando siempre el interés del menor.
Para llevar a cabo estos cambios, el titular de Justicia ha considerado necesaria y en paralelo, una reforma del Estatuto Fiscal que remarque la imparcialidad y otorgue mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las juntas de Fiscalía. Catalá ha recalcado la autonomía del Ministerio Fiscal como garante del interés general y de los derechos de los ciudadanos y ha negado que el Gobierno haya dado en ocasión alguna órdenes o instrucciones ni impuesto exigencias en relación con su labor, totalmente autónoma y libre. Rafael Catalá ha vuelto recordar que en España contamos con una Fiscalía que no admite injerencias ni se deja intimidar por nada ni por nadie.
Dentro de este eje procesal, se ha referido a la necesidad de una revisión del proceso civil para agilizar la ejecución de sentencias civiles firmes mediante una reducción de trámites o eliminación de duplicidades, por ejemplo, en la tramitación de notificaciones y otras comunicaciones procesales aprovechando las ventajas tecnológicas, haciendo también mención de la mejora de la ejecución de sentencias en el ámbito penal.
En relación a la acción colectiva, el ministro ha propuesto que se perfeccione superando su actual regulación fragmentaria y se favorezca un único proceso para múltiples afectados.
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