El 63% de los empleados públicos españoles tienen más de 50 años, según un estudio sobre empleo público realizado por la escuela de negocios Esade y editado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en el que se interpreta esta realidad como una «amenaza y una oportunidad».
En concreto, el envejecimiento de la plantilla pública es una amenaza porque implicará «descapitalizar» a corto plazo el empleo público, pero también supone una «oportunidad» porque el proceso de jubilaciones «masivas» que España debe afrontar en los próximos años podría aprovecharse para cualificar el empleo público, «dotándolo de más inteligencia y menos trámite».
Este informe ha sido presentado en la sede de la CEOE por el director general adjunto de Esade, Francisco Longo; el presidente del IEE, José Luis Feito, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha confirmado que la intención del Gobierno es ofrecer una «intensa» oferta de empleo público en los próximos años para potenciar la transformación de empleo temporal en fijo y sustituir las bajas derivadas de jubilaciones.
El informe de Esade e IEE pone de manifiesto que el empleo público en España representa el 13% de la población activa y el 17% de la población empleada. En plena crisis, en 2012, el empleo público alcanzó su máximo histórico, al suponer el 18% del total de ocupados.
LAS PLANTILLAS TIENDEN A CRECER
Durante los primeros años de la recesión, el empleo público aumentó, pero entre 2011 y 2014 se destruyeron más de 300.000 empleos públicos, la mayoría temporales y ocupados por jóvenes. No obstante, cuando la economía española empezó a crecer de nuevo, el empleo público retomó su senda creciente, de forma que a cierre de 2015, el nivel de empleados públicos en España era similar al que había antes de la crisis, en 2008, en contraste con lo ocurrido en el sector privado, que perdió 3,2 millones de puestos de trabajo en la crisis.
En total, al finalizar el tercer trimestre de 2016 había 3,3 millones de empleados públicos, de los que más de la mitad se concentran en las comunidades autónomas (en 1986 sólo aglutinaban al 6% de los empleados públicos).
«Si hacemos una foto de nuestro empleo público, estamos, en tamaño, por debajo o igual que los países de nuestro entorno, pero si lo vemos en movimiento, lo que nos muestra es una fuerte tendencia expansiva del empleo público, poco controlada por las Administraciones», ha subrayado el profesor Longo.
El porcentaje en España de empleo público sobre el total de ocupados (17%) es inferior a la media de la OCDE (21%), pero la remuneración del empleo público en relación al PIB es muy similar a la media (11%).
La razón más probable, ha explicado Longo, es que en muchos países existe mucho empleo público a tiempo parcial, no de jornada completa, como en la mayor parte de los casos que componen el empleo público en España.
EL EMPLEO PÚBLICO, DEMASIADO RÍGIDO
De hecho, para incrementar la flexibilidad del empleo público en España, caracterizado por su «uniformidad y rigidez», el informe sugiere convertir/crear puestos de jornada completa en parcial (de cuatro, cinco o seis horas diarias).
En el estudio se alerta además de que en muchas comunidades autónomas, en lugar de por oposiciones, el acceso al empleo público se realiza vía contratación temporal o de interinos, que acaban regularizándose «por presiones».
También aboga por potenciar la colaboración público-privada y la externalización de servicios para garantizar «altas dosis de innovación y flexibilidad y mejorar la cualificación del empleo público» pues, según Longo, se da la paradoja de que éste presenta en España un «grado significativamente bajo en la cualificación de las tareas», con demasiados trámites, pese a ser el país de la UE que tiene más titulados universitarios empleados en el sector público.
En el informe se denuncia que el sector público español no dispone de un régimen de directivos públicos profesionales y apuesta por establecer un régimen para ellos, sobre todo porque ello ayudaría a evitar la «colonización política en determinados cargos», supeditados al ciclo político del momento. En este sentido, el ministro Catalá ha reconocido que la creación de un Estatuto del Directivo Público es una «asignatura pendiente».
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