Los plazos de pago de las facturas de la Administración y de la empresa privada a sus proveedores descendieron en 2016 un 5,3% y un 9,4%, respectivamente, hasta situarse en los 71 y 77 días, y se situaron en 140 días a la hora de realizar el pago a pymes, según UPTA, que también señala que estas cifras están «lejos» aún de lo que establece la Ley de Morosidad.
Para UPTA, aunque los datos están «mejorando en términos generales», los autónomos «siguen sometidos» a la impunidad de la que siguen «disfrutando» las grandes empresas en España.
En este contexto, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha apuntado que estos organismos son los grandes «beneficiados» por la aplicación de las modificaciones que en la Ley de Contratos del Sector Público.
Abad considera que volver al acuerdo entre las partes, como propone la tramitación de esta ley, es «sencillamente» poner al contratista principal en clara ventaja con el subcontratista, «siendo este último absolutamente vulnerable cuando se fijan las condiciones de pago».
«No tiene sentido que la administración no vele por el correcto desarrollo de la cadena de pago en la subcontratación», ha subrayado Abad, tras señalar que tanto la Administración como las grandes empresas privadas están «haciendo gala» de su condición «predominante».
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