Asempleo pide que las empresas de trabajo temporal puedan colocar personal en la Administración

La patronal de Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal (Asempleo) apuesta por que las empresas de este sector puedan colaborar con la Administración para contratar empleados que trabajen en el sector público.

Concretamente, piensan que esta medida favorecería la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y ayudaría al reciclaje de sus competencias, gracias a los procesos de formación, orientación y diagnosis ocupacional.

La patronal afirma que las administraciones públicas deberían estar en igualdad de condiciones respecto al servicio privado a la hora de acceder a un servicio de calidad que les ofrezca a los candidatos con talento y con proyección dentro de la organización, que podría aportarles los gestores profesionales de la intermediación laboral.

«El sistema español queda muy lejos del de otros países de la Unión Europea, donde su penetración en el sector público es mayor, tiene menos limitaciones y obtiene unos resultados muy deseables que serían extrapolables al caso concreto del mercado laboral español», ha apuntado la patronal.

En Bélgica un 66% de las vacantes del sector público se cubren por una empresa de contratación temporal, al igual que Países Bajos (47%), Italia (40%), Reino Unido (40%) y Alemania (30%).

El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, ha destacado que desde la patronal se quiere llamar la atención sobre los efectos cualitativos que supone para los trabajadores y para las administraciones públicas la celebración de uno u otro tipo de contrato para la cobertura de los puestos que cubren los interinos y que afectan al desarrollo profesional de ambos.

El tipo de contrato actual que tienen los interinos no facilita que el trabajador se desarrolle y crezca profesionalmente y a su vez impide que las organizaciones puedan beneficiarse de empleos de mayor calidad.

La patronal ha puesto de relieve la «necesidad» de revisar el modelo de contratación de los trabajadores del sector público tras la publicación de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) y posterior aplicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).