La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que ponga en marcha desde ya la negociación sobre las 35 horas semanales, con el fin de que las comunidades autónomas puedan incorporarse a esta medida, de cara a los próximos Presupuestos Generales.
El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha recogido la propuesta de CSIF y valora la posibilidad de revisar su aplicación en el marco de los Presupuestos para 2018. Pues bien, CSIF entiende que esta negociación debe iniciarse este mes de julio, para adelantar los trabajos de cara a la vuelta de vacaciones.
Mientras tanto, CSIF reclama que no solicite la suspensión cautelar de la medida en Andalucía, hasta que no se dirima la cuestión por parte del Constitucional. CSIF entiende que el Gobierno no puede oponerse a esta jornada en el caso de que haya sido negociada y pactada libremente entre los responsables de una administración y sus representantes sindicales, como ha ocurrido en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o en el Ayuntamiento de Madrid.
De manera paralela, el sindicato ha abordado esta cuestión con los partidos y grupos parlamentarios. A lo largo de los últimos meses, el presidente del sindicato, Miguel Borra, también ha tratado este asunto en una ronda de contactos con los diferentes presidentes autonómicos, para crear el espacio de interlocución necesario para impulsar esta medida reivindicada por el colectivo de empleados públicos.
El sindicato defiende las 35 horas como una medida de creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, que en determinados sectores y ámbitos de la Administración, se encuentran desbordados por el deterioro sufrido por la pérdida de personal durante los años de crisis económica.
Por tanto, CSIF entiende que esta medida debe incluirse en la negociación abierta con la Administración, en materia de empleo público, así como en materia de recuperación de condiciones laborales (descuentos por incapacidad temporal y recuperación del poder adquisitivo, entre otros temas).
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