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El 81% de empresas no cumple la Ley de inserción de personas con discapacidad

El 81% de las empresas españolas no cumple aún con la ley de inserción laboral de personas con discapacidad (LISMI) que establece una cuota mínima de un 2% de empleados con discapacidad para empresas de 50 o más empleados, según se desprende de un estudio realizado por la consultora Leialta sobre la inserción laboral de este colectivo.

«El grado de cumplimiento es bajísimo«, alerta en una entrevista a Europa Press Javier Martínez Galiana, socio fundador de Leialta, al tiempo que reconoce no entender «porqué el porcentaje de empresas que no cumple con la ley es tan alto, cuando además la legislación contempla ventajas económicas para las empresas y la contratación de personas con discapacidad se enmarcaría en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa que las empresa fomentan».

Por esta razón, añade, se amplió el alcance del estudio para detectar cuáles eran las razones por las que no contrataban a personas con discapacidad, siendo la razón principal el desconocimiento de la LISMI. «Es decir, no saben que tienen que tener al menos un 2% de la plantilla compuesta por personas con discapacidad cuando son más de 50 empleados en total», explica Martínez.

«Otras razones que desmotivan la contratación de personas con discapacidad, según las empresas consultadas, son: la falta de acceso a bases de datos específicas de personas con discapacidad, la dificultad de encontrar personas con discapacidades compatibles con el puesto de trabajo disponible, el coste de la adecuación del puesto de trabajo a la discapacidad del trabajador y un teórico mayor absentismo de las personas con discapacidad», precisa.

El experto recuerda que la situación laboral del colectivo de personas con discapacidad «no puede definirse como buena cuando la tasa de desempleo es del 32,2%, según los últimos datos del INE», una cifra que supone que la tasa de paro es 7,8 veces superior al de las personas sin discapacidad.

Además, el 60% de ellos están dentro del colectivo de ‘desempleados de larga duración’, mientras que en el caso de las féminas, «las mujeres con certificado de discapacidad tienen menos presencia activa en el mercado laboral».

Asimismo, indica que la crisis ha agudizado esta situación, al duplicarse el porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad hasta llegar a la situación actual, en la que sólo trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad activa (25,7%). Además, a la hora de encontrar un puesto de trabajo, el 90% de las personas con discapacidad señala una o más barreras para ser contratado, frente al 60% de las personas sin discapacidad, según Martínez.

En este sentido, respecto a los principales impedimentos con los que se encuentra este colectivo, se enumeran motivos relacionados con la salud o la enfermedad (para el 56,7%), la falta de oportunidades (para el 54%), la falta de cualificación o experiencia (en un 32,6%) y las limitaciones en las actividades básicas (en un 29,1%).

«Con estas cifras, casi uno de cada seis trabajadores con discapacidad pertenece al colectivo de trabajadores pobres, es decir, son trabajadores que residen en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza», detalla.

Por comunidades, las mayores tasas de actividad entre personas con discapacidad se encuentran en País Vasco (49%), Comunidad Foral de Navarra (45,8%) y Región de Murcia (44,8%), además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (52,4%). Por el contrario, están a la cola Galicia (26,6%), Asturias (26,8%), Andalucía (33,3%) y Canarias (33,8%).

Por sectores, Maartínez señala que la «inserción laboral natural» es a través de empresas que ofrecen lo que se conoce como ‘facility services’, es decir, servicios de limpieza, jardinería, secretaría, alimentación, etc.

PAPEL DE LOS CEE

Por todo ello, el experto subraya «el papel importante» que tienen los Centros Especiales de Empleo (CEE) «ya que son una herramienta prevista en la Ley para cumplir con la integración de personas con discapacidad, empresas cuyo objetivo es proporcionar a las personas con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración en el mercado laboral».

«Los CEE suponen un trampolín para las personas con discapacidad porque les dota de capacidades para desenvolverse en la vida profesional y en sociedad y, por tanto, para su plena integración. Los CEE realizan una labor de selección, de formación, de preparación que obliga a la persona con discapacidad a acostumbrarse a una rutina, a responsabilizarse de su tarea etc», detalla.

Por último, explica que desde la consultora se quiere «mejorar el tejido productivo español, pero a la vez hacerlo más social y comprometido y mejorar la situación de las personas con discapacidad». «Si conseguimos que se formen más CEE, mejorará el empleo de las personas con discapacidad. Esto es importante porque sólo si se integran en el mundo laboral, podremos conseguir su verdadera integración en la sociedad», apostilla.

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